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17 de enero de 2017



Noticias de ciclismo

Europa Press · 24/07/2013.

Lance Armstrong solicita que se retire la acusación de fraude del Gobierno


Lance Armstrong solicita que se retire la acusación de fraude del Gobierno

El exciclista estadounidense Lance Armstrong solicitó este martes ante la justicia el rechazo a la demanda contra él del Departamento de Justicia Americana, recalcando que su patrocinador, la empresa pública US Postal Service, pese a conocer sus prácticas dopantes, no hizo nada, y que además ya ha prescrito la acusación de fraude por los seis años de limitación.

El texano cree que la empresa de servicio postal tenía "conocimiento de las alegaciones específicas en relación a lo que él estaba haciendo" cuando se renovó el contrato en 2000, aportando como apoyo a su tesis la investigaciones en Francia del dopaje en el US Postal en 2000.

"Aunque el Gobierno ahora pretende ser el agraviado por estas alegaciones, ¿despidió inmediatamente el USP Team? ¿Suspendió al equipo durante la investigación? ¿Refirió el asunto a su núcleo de abogados e investigadores del Departamento de Justicia para revisarlo? No lo hizo", apunta la moción del de Austin recogida por el USA Today.

Por ello, recuerda que "en lugar de acabar su colaboración", la compañía postal "renovó su contrato de patrocinio". "La historia detrás de esta decisión del Gobierno es evidente. Armstrong había ganado el Tour de 2000. El Gobierno necesitaba un ganador y toda la publicidad que conllevaba. Tuvo exactamente por lo que negoció", añade.

El US Postal Service pagó 40 millones de dólares por el patrocinio de su equipo ciclista desde 1995 a 2004, y defiende que no habría pagado esa cantidad si hubiese conocido que Armstrong y el equipo se dopaban. Ahora, el Gobierno quiere recuperar el triple de lo que invirtió por daños y perjuicios, y ha recurrido también a Floyd Landis, excompañero del texano y que podría tener una disminución de sus pagos por daños y perjuicios por su colaboración.

Sin embargo, los servicios jurídicos de Armstrong recuerdan que es "demasiado tarde" para que el Gobierno revise este caso porque el estatuto de limitación es de seis años y cuenta desde la fecha de cada demanda.

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